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El Sr. Gómez describe lo que él llama el 'círculo cerrado' en cuanto a las empresas mineras autorizadas a operar sin tener debidamente en cuenta el medio ambiente y que, posteriormente, usan sus grandes ganancias para asegurar la impunidad. El señor Gómez está convencido de que su oficina debe concentrarse en el procesamiento de directores de empresas como los autores intelectuales de delitos ambientales-lo cual es posible bajo la ley argentina aunque difícil de hacer a pesar de que el país está administrado por un gobierno relativamente progresista.
Especializado en la investigación de delitos ambientales, Antonio Gustavo Gómez es el fiscal general en la Cámara Federal de Tucumán, Argentina. A principios de 2011, el Sr. Gómez visitó a Canadá y fue entrevistado por Alerta Minera Canadá. Basado en esta conversación, hemos producido cinco videos en español con subtítulos en inglés.
Carta Abierta: Organizaciones sociales de los EEUU y Canadá han enviado una carta a las autoridades ecuatorianas para protestar la criminalización de las defensoras y los defensores del medioambiente, tanto indígena como no indígena. Específicamente, la carta rechaza la criminalización de tres líderes comunitarios en la provincia austral de Azuay quienes se oponen a un proyecto de oro y plata que pertenece a la empresa minera canadiense IAMGOLD y que se ubica en las fuentes de agua de comunidades dedicadas a la producción de productos lácteos.
Comunicado: En su pronunciamiento del 9 de septiembre de 2011, El Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo repudian el asesinato de José Reinel Restrepo, párraco de la municipalidad de Marmato cuyo cuerpo se encontró sin vida el 2 de septiembre de 2011.
Traducción: Versión en español de la noticia original sobre el allanamiento por la Policía Montada Real Canadiense (RCMP por sus siglas en inglés) de las oficinas de Blackfire Exploration Ltd. por alegaciones de coima el 20 de julio de 2011.
Cincuenta y dos organizaciones de la sociedad civil internacional han solicitado a las autoridades hondureñas que se deje de criminalizar a los defensores y las defensores ambientales y que se garantice su libertad personal, el proceso debido y el derecho de seguir en su defensa de los derechos humanos.
El 10 de febrero de 2011, cuarenta y nueve organizaciones de la sociedad civil internacional expresaron su preocupación sobre una serie de denuncias en torno a hechos criminales en contra del Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio (CEICOM), un grupo ambientalista de El Salvador.
Declaración - Este comunicado por la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME, sale después de la decision de la empresa Greystar Resources que retiró su solicitud para una licencia ambiental para su proyecto Angostura en los páramos de Santurbán, departamento de Santander, el 17 de marzo de 2011. La decision de la empresa vino después de las mobilizaciones amplias en contra del proyecto y en defensa del agua en la ciudad de Bucaramanga, en las cuales participaron decenas de miles de personas. RECLAME exige a las autoridades Colombianas asegurar que estos y otros ecosistemas de los páramos y subpáramos sean protegidos de la actividad minera, según la ley vigente colombiana. Se estima que 108,972 hectareas de páramos – un ecosistema alto-andino compuesto por humedales frágiles – se encuentran dentro de áreas concesionados para la minería.
El mandato dictado por el gobierno de Canadá para la Consejera de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su procedimiento de revisión es similar al que existe para el Punto de Contacto Nacional Canadiense de las Directrices de la OCDE, y comparte muchas de las limitaciones de éste en cuanto al mecanismo de resolución de quejas voluntario y no judicial que se realiza en Canadá. Este documento describe las principales preocupaciones.