77 organizaciones y coaliciones de la sociedad civil ecuatorianas, canadienses e internacionales han enviado una carta formal al embajador canadiense en Ecuador, Craig Kowalik, instándole a que la embajada canadiense aplique las Directrices de Canadá para el apoyo a los defensores de los derechos humanos en respuesta a la criminalización de los defensores indígenas y del agua de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA), en la provincia de Azuay, Ecuador.
Las y los integrantes de la FOA se enfrentan a procedimientos judiciales por su labor ambiental en defensa del Páramo de Kimsakocha frente al proyecto minero aurífero Loma Larga, de la empresa minera canadiense DPM Metals Inc (DPM.TO). La carta da seguimiento a una comunicación enviada por organizaciones de la sociedad civil y académicos en noviembre de 2025 a DPM Metals, en la que se pedía a la empresa que cerrara definitivamente el proyecto y cesara la criminalización de los defensores de la naturaleza. Hasta la fecha, la empresa no ha respondido a dicha carta.
La nueva carta a la embajada expresa una profunda preocupación por los procedimientos penales iniciados por DPM Metals contra seis miembros de la FOA —Lauro Sigcha, Lizardo Zhaqui, Marco Tapia, Ruth Pugo, Carmita Pérez y Yaku Pérez— tras una acción pacífica de limpieza de residuos mineros abandonados por la empresa cerca de las cabeceras de los ríos Irquis y Tarqui en el páramo de Kimsakocha. El páramo de Kimsakocha es un ecosistema frágil que regula el ciclo hidrológico regional y proporciona agua dulce a decenas de miles de personas. Durante más de 30 años, las comunidades indígenas y campesinas han defendido este ecosistema de los proyectos mineros a gran escala. En septiembre de 2025, la FOA y otras organizaciones ambientales aliadas lideraron una histórica marcha en defensa del agua con la participación de más de 100.000 residentes.
La carta abierta se envía apenas una semana y media después de que Ecuador aprobó una nueva ley minera destinada a acelerar las inversiones mineras en el país. Organizaciones de la sociedad civil advierten que la nueva ley podría amenazar la biodiversidad y los territorios indígenas, al tiempo que amenaza debilitar las protecciones para las comunidades afectadas por los proyectos extractivos. La Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (Unagua) presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley.
Es en este contexto más amplio de expansión de la política minera que las 77 organizaciones firmantes expresan su preocupación por la posible intensificación de la criminalización de las y los defensores ambientales. La carta también plantea inquietudes sobre la inminente firma y ratificación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Ecuador, que aumentaría y protegería aún más las inversiones mineras canadienses en el país.
La carta insta a la Embajada de Canadá a:
- Asistir a las próximas audiencias judiciales en Cuenca como observadores internacionales
- Pedir a DPM Metals que cese los procedimientos penales contra las y los defensores del agua
- Retirar el apoyo financiero, político y comercial a DPM Metals debido a graves preocupaciones ambientales y de derechos humanos
Además, las organizaciones piden a la embajada que inste a DPM Metals a suspender permanentemente el proyecto Loma Larga, a respetar las decisiones de los tribunales ecuatorianos que han mantenido suspendido el proyecto desde el 2022 y las consultas vinculantes de Girón (2019) y Cuenca (2021) y a abstenerse de presentar demandas de arbitraje internacional que violarían la Constitución del Ecuador.
El 3 de febrero en Cuenca, la FOA y más de 100 miembros de la comunidad tuvieron la oportunidad de reunirse con el embajador Kowalik durante una asamblea pública para compartir sus preocupaciones sobre el proyecto minero canadiense y el TLC con Canadá. Los representantes de las diferentes comunidades exigieron que Canadá priorice los derechos humanos y los derechos de la naturaleza por encima de los intereses mineros.
Los firmantes subrayan que las directrices canadienses Voices at Risk (Voces en riesgo) exigen a las misiones diplomáticas canadienses que apoyen de forma proactiva a los defensores de los derechos humanos que se enfrentan a amenazas y represalias. Argumentan que la situación actual en Azuay es precisamente el tipo de caso para el que se diseñaron estas directrices.
La carta completa y la lista de organizaciones que la respaldan están disponibles aquí.
CITAS DE APOYO
“La Embajada de Canadá en Ecuador necesita saber que el Quinto Río – la marcha histórica por el agua el septiembre pasado – se ha vuelto un paradigma nacional. Sin ríos no seríamos rebeldes ni agricultores. Nosotros somos pueblos Kichwas Kañaris, territorios ancestrales. No estamos aquí desde hace 500 años; somos pueblos y territorios milenarios, y aquí permanecerán nuestras futuras generaciones. Durante más de 30 años hemos defendido Kimsakocha, nuestro santuario de vida y fuente de agua, frente a la amenaza de la megaminería. Por eso defendemos el agua, la vida y nuestras reservas alimentarias.” Lauro Sigcha, presidente de la FOA, quien enfrenta cargos penales por parte de la empresa minera canadiense DPM Metals Inc.
“Como mujeres defensoras de Kimsakocha que trabajamos la tierra, sembramos y cuidamos, producimos alimentos naturales sin químicos, denunciamos ante la embajada canadiense la criminalización que estamos enfrentando, que busca poner trabas a la resistencia pacífica que llevamos a cabo en contra de la minería en el páramo. Pero seguiremos siempre firmes en la defensa. Las mujeres campesinas estamos siendo perseguidas y nuestros derechos están siendo vulnerados.” Ruth Pugo, de la comunidad ancestral San Pedro de Escaleras y parte del directorio de la Junta de Agua Victoria del Portete Tarqui, quien enfrenta cargos penales por parte de la empresa minera canadiense DPM Metals Inc.
“Nos persiguen y difaman, acusándonos de asociación ilícita y daños a la propiedad, solo por proteger lo más sagrado, el agua y la vida. Nuestra lucha es pacífica y seguirá firme porque Kimsakocha no se toca. Estamos agradecidos de que el señor embajador haya venido a Azuay, a él le reitero: véanos no como una amenaza, sino como defensores que luchamos contra el cambio climático y por la defensa de la vida y la paz. Esperamos que lo compartido durante la asamblea pública sea seguido por acción de la embajada.” Yaku Pérez, abogado de la FOA, quien enfrenta cargos penales por parte de la empresa minera canadiense DPM Metals Inc.
“Estas compañías mineras canadienses han dividido a nuestra comunidad, nos han judicializado, perseguido, han dividido a nuestras familias y dirigentes, el gobierno trata también de vernos en la cárcel en estos 32 años de lucha. No queremos minería en las fuentes de agua. De estos campos sale la leche, el maíz, para alimentarnos y alimentar a otras provincias.” Lizardo Zhagüi, presidente de la Junta de Agua Victoria del Portete Tarqui, quien enfrenta cargos penales por parte de la empresa minera canadiense DPM Metals Inc.
“Estas acciones legales contra las y los defensores indígenas y del agua representan un patrón de criminalización en Ecuador, destinado a silenciar la resistencia pacífica contra la minería canadiense. Instamos al Gobierno canadiense a que se asegure de que su compromiso diplomático en Ecuador sea coherente con sus compromisos en materia de derechos humanos e inste a DPM Metals Inc. a retirar los cargos en contra de las y los defensores de la naturaleza y del agua.” Viviana Herrera, coordinadora del programa de MiningWatch Canadá para América Latina.
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- Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada, viviana@miningwatch.ca , 438-993-1264 (español/inglés/francés)
- Arturo Ezquerro-Cañete, coordinador interino del Programa para América Latina de MiningWatch Canada, arturo@miningwatch.ca, +1 (902) 220-4598, (español/inglés)