El pasado 20 de abril, en plena crisis por COVID-19 y con una grave escasez hídrica, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó sin participación ciudadana el proyecto de sondajes de la empresa minera “Vizcachitas Holding”. Esta empresa es subsidiaria, desde el año 2007, a la empresa minera canadiense Los Andes Copper. Su aprobación implica continuar con los trabajos de exploración que mantiene la empresa desde hace más de 10 años. Este proyecto permite así realizar 350 nuevos pozos de perforación durante los próximos cuatro años como etapa previa a la posible instalación de una planta de concentración y una masiva mina a cielo abierto de cobre con molibdeno y plata.
El proyecto Vizcachitas es ampliamente rechazado por las comunidades que están enfrentando la peor crisis hídrica y ecológica de los últimos 60 años. En el curso de los últimos años han sido acusados por usurpación de agua, alteración de los cursos de agua y contaminación del río Rocín por presencia de metales pesados. La empresa ha sido denunciada y sancionada en el pasado por una serie de irregularidades y por la ilegalidad de sus operaciones gracias a las acciones judiciales de parte de la comunidad de Putaendo y organizaciones aliadas.
Previendo los impactos sociales y medioambientales de dicho proyecto y pese al confinamiento por el Covid-19, la comunidad de Putaendo decidió salir a las calles el día 26 de abril para manifestar su rechazo al proyecto, como lo van haciendo ya varias años. Un gran contingente militar y de fuerzas especiales se hizo presente causando gran preocupación. La intervención militar frente al conflicto entre la comunidad de Putaendo y la empresa canadiense “Los Andes Copper”, deja en evidencia el poder de los intereses canadienses en el desarrollo extractivo en Chile.
Las comunidades de Putaendo están conscientes de los pronunciamientos públicos que ha hecho el gobierno de Canadá sobre la protección de los defensores de derechos humanos y el territorio. Ellos nos han pedido que tomamos acción como canadienses para obtener una rendición de cuentas de la empresa y el gobierno canadiense. El gobierno de Canadá ofrece apoyo diplomático a empresas canadienses quienes operan en el exterior, un servicio que creemos debe ser revocado de Los Andes Copper. El documento político del gobierno canadiense llamado “Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos” determina que las embajadas tienen la capacidad de “negar el apoyo comercial” en casos donde abusos contra los derechos humanos han ocurrido.
Dígale al embajador de Canadá en Chile y Asuntos Globales de Canadá que Los Andes Copper no debería obtener el apoyo diplomático canadiense por sus continuos abusos humanos y ambientales.