En sus salares andinos, Chile posee una de las mayores reservas probadas de litio en salmueras siendo el segundo exportador mundial de este mineral después de Australia. El país también es el principal exportador mundial de cobre, metal cuyo uso en los autos eléctricos puede ser hasta cinco veces mayor al de un auto de combustión interna. En este contexto, las políticas extractivistas llevadas adelante por el gobierno derechista de Sebastián Piñera encuentran eco en los planes neocolonialistas de países como Canadá, cuyo interés explícito en la explotación de minerales en Chile se materializa en el surgimiento de numerosos proyectos de litio en diversos territorios del país. Es así como el extractivismo verde se ha transformado en foco de conflicto en territorios indígenas y rurales fuertemente degradados en términos socioecológicos, poniendo en jaque a pueblos y defensores de la naturaleza que, además, se enfrentan a los impactos de la pandemia y del mismo cambio climático que el mercado de la electromovilidad promete resolver.
En este contexto, es de suma urgencia conocer las fuertes desigualdades e injusticias que se esconden detrás de los imaginarios del crecimiento verde, promovidos por gobiernos y corporaciones como supuesta salida para enfrentar la crisis climática y como mecanismo de reactivación económica post-pandemia. Estos proyectos ponen en serio peligro a diversos territorios, ya que los someten al asedio de empresas que junto con organismos nacionales y extranjeros, buscan acelerar los procesos de exploración y el otorgamiento de licencias ambientales para la extracción de litio, en condiciones muy limitadas para una participación social amplia y democrática, y en medio de una fuerte desconfianza en la institucionalidad estatal.
Frente a esta compleja coyuntura, los autores de este breve informe buscamos dar cuenta, en diálogo con actores locales usualmente invisibilizados, de la responsabilidad de las inversiones canadienses en el surgimiento de nuevos conflictos socioambientales en los salares de Chile. Así, esperamos contribuir al debate público nacional e internacional sobre los futuros posibles, con la justicia climática como criterio fundamental para la elaboración e implementación de políticas que, más allá de una transición energética corporativa, nos permitan pensar en una transformación socioecológica real y justa.