Sociedad civil y comunidades afectadas por la minería instan a sus legisladores a proteger el agua por encima de los intereses mineros.
Desde que el gobierno del presidente argentino Javier Milei presentó en diciembre un proyecto de ley para debilitar la Ley de Glaciares del país, los medios y las redes sociales argentinas se han visto dominados por la preocupación por el debilitamiento de las medidas de protección del agua y por el papel del lobby de la industria minera canadiense en el impulso de estas reformas.
En los medios de comunicación canadienses apenas se informa sobre la influencia política que ejerce la industria minera canadiense en Argentina pese a que se han identificado a empresas canadienses, entre ellas Barrick Mining Corporation y Lundin Gold, como los actores corporativos detrás de la iniciativa de Milei de "reformar" la ley de protección de los glaciares del país. Los críticos afirman que estas reformas "sentarían un precedente negativo," poniendo en peligro las reservas de agua dulce, eliminando las protecciones ambientales y abriendo la puerta a la minería de cobre y oro a gran escala en uno de los ecosistemas más frágiles del país.
Estas reformas favorecen a la minería
Un análisis detallado de 30 organizaciones sociales y ambientales argentinas explica cómo esta iniciativa favorece específica y principalmente a la industria minera. Por ejemplo, la reforma introduce criterios arbitrarios que permitirían excluir a los glaciares de la protección legal si una autoridad provincial considera que no cumplen una "función hídrica relevante.” Esto abriría las puertas a que provincias favorables a la minería, como San Juan y Mendoza, excluyeran a los glaciares de la protección de la ley, basándose no en la ciencia, sino en intereses económicos y mineros.
Para Enrique Viale, abogado ambientalista y director de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, lo que está en juego es "el futuro de las fuentes de agua de Argentina: los glaciares son fábricas de agua."
A principios de este mes, más de 85 especialistas en derecho constitucional y ambiental enviaron una carta al Congreso en la que advertían que "el proyecto que se tratará en extraordinarias es inconstitucional, regresivo… pone en riesgo el sistema de protección del agua… y compromete de forma directa el derecho constitucional al ambiente sano."
En un reciente comunicado de prensa de cinco importantes organizaciones ambientales argentinas, Greenpeace Argentina afirma: "[m]odificar la Ley de Glaciares en plena crisis climática e hídrica implica reducir la protección de reservas de agua dulce estratégicas para los argentinos y poner en riesgo la seguridad hídrica de más de 7 millones de personas. Los glaciares y el ambiente periglacial no son ‘hielo sin valor’: regulan los caudales de los ríos, sostienen las cuencas en contextos de sequía y cumplen un rol clave frente al aumento de las temperaturas."
Las comunidades afectadas por la minería, las organizaciones legales, ambientales y sociales, científicos, la Iglesia católica, artistas, académicos y muchos otros grupos se han unido a lo que se ha convertido en un movimiento nacional en toda Argentina para denunciar estas reformas y proteger el agua dulce del país.
No es la primera vez que la Ley de Glaciares se ve amenazada
Desde su promulgación en 2010, la Ley de Glaciares ha sido objeto de una fuerte presión por parte de funcionarios gubernamentales a nivel nacional y provincial y de empresas mineras para que se derogue o se modifique.
Barrick Mining Corporation es una de las principales empresas que ha abogado por estas reformas. Durante años, Barrick ha intentado que la ley sea declarada inconstitucional, argumentando que podría afectar sus proyectos mineros cerca de zonas glaciares, incluida la mina Veladero, conocida por haber causado "el peor desastre ambiental minero en la historia de Argentina.” En 2019, la Suprema Corte de Justicia rechazó la demanda de Barrick por ser inconstitucional y confirmó la ley de glaciares.
La empresa canadiense ha sido condenada por instituciones como la Fundación Ciudadanos Independientes (FUCI) por cortar el glaciar Almirante Brown por la mitad para construir una carretera que conectara la mina Veladero y el proyecto Pascua Lama, lo que provocó la desaparición de la parte inferior de ese glaciar.
Hace dos años, informamos de que el entonces director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow había dicho que "los glaciares van y vienen," en referencia a los intentos del Gobierno argentino de modificar la Ley de Glaciares en ese momento. Saúl Zeballos, portavoz del grupo ciudadano de base Asamblea Jáchal No Se Toca, afectado por la mina Veladero de Barrick, respondió a la cita de Bristow en ese momento diciendo: "los glaciares no van y vienen. Desaparecen para siempre a causa de la actividad minera destructiva."
En diciembre, cuando se anunció la nueva iniciativa para reformar la Ley de Glaciares, Viale, en un testimonio ante la Comisión de Ambiente del Senado argentino, afirmó que "la reforma tiene nombres y apellidos... uno de ellos es Barrick Gold.”
Viale afirma que una de las razones del lobby minero es que los proyectos de Barrick y otras empresas mineras "están directamente sobre glaciares o ambiente periglacial inventariado según la ley de Glaciares actual", añadiendo que "en vez de adaptar sus proyectos a la normativa vigente, quieren modificar el texto a medida de sus proyectos."
Barrick no está sola
Detrás del lobby de la industria minera para reformar la Ley de Glaciares, también encontramos a Lundin Mining, Rio Tinto, y Glencore, cuyos ejecutivos "han desfilado por el palacio presidencial de Javier Milei en Buenos Aires," como indicado por mining.com.
Organizaciones argentinas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también han identificado otro proyecto en glaciares que podría beneficiarse de estas reformas medioambientales perjudiciales: el proyecto de cobre Los Azules, propiedad de la empresa canadiense McEwen Mining Inc., en la provincia de San Juan. La empresa ha promovido el proyecto como necesario para la transición energética, afirmando que "el potencial geológico del proyecto posicionará a San Juan en el mapa internacional de recursos para la transición energética."
"¡La ley de glaciares no se toca!"
Los pueblos indígenas y las comunidades afectadas por la minería en toda Argentina que se ven afectadas por la minería canadiense han estado al frente de las movilizaciones regionales y nacionales desde 2010 bajo el lema "¡La ley de glaciares no se toca!"
Entre estas iniciativas, en 2018, integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca realizaron un impresionante viaje en bicicleta durante más de una semana desde el municipio de Jáchal, en la provincia de San Juan, recorriendo aproximadamente 1600 kilómetros hasta Buenos Aires para unirse a las protestas nacionales y denunciar los intentos del entonces presidente Macri de modificar la Ley de Glaciares.
Como parte de su lucha de mas de una década para defender el agua, los glaciares y los ecosistemas frágiles, como la Reserva de la Biosfera San Guillermo, de las actividades mineras a gran escala, la Asamblea Jáchal No Se Toca ha documentado y denunciado sistemáticamente los derrames tóxicos en la mina Veladero y la respuesta (o falta de ella) de los gobiernos locales y de Barrick, así como el hecho de que la mina Veladero se encuentra en una zona periglacial, lo que viola la Ley de Glaciares. La Asamblea también está preocupada por otros proyectos mineros ubicados en la provincia de San Juan, en glaciares y zonas periglaciales: el proyecto de cobre, oro y plata José María, propiedad de la empresa minera canadiense Lundin Mining; el proyecto de cobre, oro y plata Vicuña, propiedad de BHP y Lundin Mining, y el proyecto de cobre Los Azules, propiedad de la canadiense McEwen Mining Inc.
El proyecto de ley fue aprobado en el Senado el pasado jueves 26 de febrero. Esta semana, los legisladores tienen previsto someterlo a votación en la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso Nacional.
Haciendo frente al lobby minero canadiense
Con Javier Milei, negacionista del cambio climático, en el poder, las y los defensores ambientales y comunidades temen que esta vez la industria minera tenga éxito en sus esfuerzos por reformar la Ley de Glaciares, abriendo los frágiles glaciares y ecosistemas periglaciales a la minería destructiva a gran escala de cobre y oro.
Hay que denunciar el papel de las empresas mineras canadienses en la promoción de estas reformas. En un contexto de crisis climática y agravamiento de escasez de agua, legislaciones nacionales que protegen la preciada agua potable no deben debilitarse con el pretexto de promover proyectos mineros para la llamada transición energética, como el proyecto Los Azules de McEwen Copper, sino fortalecerse. Las empresas canadienses como Barrick Mining Corporation, con su historial documentado de derrames tóxicos y proyectos que ya invaden entornos periglaciales sensibles, deberían centrarse en respetar la legislación argentina en lugar de cambiarla.
El gobierno canadiense afirma constantemente que espera que las empresas canadienses respeten la ley dondequiera que operen; eso no incluye intentar cambiar la ley en beneficio propio.
Los legisladores argentinos deben hacer frente a los esfuerzos de cabildeo de la industria minera canadiense y escuchar las demandas de la población para salvaguardar los glaciares y los periglaciares, que son fundamentales para mantener la vida y los medios de subsistencia de millones de argentinos.
