El 24 de noviembre de 2020, la Legislatura Provincial de Chubut, Argentina inició el debate sobre dos importantes proyectos de ley para el futuro de la minería en la provincia. En una sesión en línea, tanto la Iniciativa Popular para proteger los suministros de agua de la región de la minería como el proyecto de ley de "Zonificación" pro-minero fueron enviados a comisión el mismo día, para ser analizados y después serán remitidos con recomendaciones, a la legislatura.
La Iniciativa Popular contra la megaminería en Chubut fue presentada por la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut (UACCH) en octubre de 2020 y es producto de casi dos décadas de lucha para proteger el delicado sistema hidrológico de la provincia de los impactos de la minería industrial. La campaña para desarrollar y ratificar la iniciativa demuestra el compromiso y la dedicación de las asambleas y las comunidades indígenas Mapuche-Tehuelche de Chubut con la protección del agua. La Iniciativa Popular cuenta con el respaldo de más de 30.000 firmas de las 48 comunidades de la provincia. Esta expresión de unidad contra la minería industrial es aún más impresionante si consideramos que las firmas se recolectaron durante una difícil combinación de factores: la pandemia del COVID-19 y el invierno patagónico.
El segundo proyecto de ley es el controvertido proyecto de Zonificación (N° 128/2020) que busca modificar la histórica Ley XVII-Nº 68 (conocida popularmente como 5001), que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas en la provincia. La modificación crearía una "zona minera" así creando una excepción a la prohibición a nivel provincial. Esta zona se encuentra dentro de los territorios ancestrales del pueblo indígena Mapuche Tehuelche, conocidos como la Meseta, comunidades que han visto sus modos de vida y cultura amenazados y dañados por las actividades de exploración minera.
No solo se considera que el proyecto de ley de zonificación va en contra de la voluntad popular de la gente de Chubut, sino que para quienes se verán directamente afectados por cualquier proyecto minero en la Meseta, representa una violación directa del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Dirigentes de las comunidades Mapuche Tehuelche de la Meseta escribieron una carta abierta a la comisión legislativa exigiendo que no acepte el proyecto de ley de zonificación, ya que esto constituye una violación directa a sus derechos como pueblos indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado. Señalan que de “avanzarse en el tratamiento y en la posible aprobación y promulgación del citado proyecto de ley se estarían vulnerando notoriamente nuestros derechos como comunidades indígenas”.
La reciente decisión de enviar el proyecto de ley de zonificación a una comisión legislativa para su revisión ha sido fuertemente criticada por ir en contra de la voluntad popular del pueblo de Chubut, pero también como ilegal. El proyecto de ley de zonificación no se hizo público antes de su introducción, mientras que la UACCH hizo que su Iniciativa Popular fuera transparente y abierta al público en todas las etapas de su concepción y socialización. Ahora, hay evidencia que sugiere que algunos políticos vinculados a la industria minera falsificaron hallazgos de investigaciones del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) para favorecer el proyecto de ley de zonificación. El 30 de noviembre, el Procurador General de la República, Jorge Luis Miquelarena, presentó una solicitud al presidente de la legislatura provincial pidiendo que se haga público el proyecto de ley para corroborar -o no- la necesidad de presentar cargos penales. Estas revelaciones, junto con el sentido general de traición de las casí dos décadas de lucha y los más de 30.000 signatarios de la Iniciativa Popular, tienen tanto a la UACCH como a las comunidades Mapuche Tehuelche exigiendo que se deseche el proyecto de ley de zonificación.
Frente a la amenaza que representa el proyecto de ley de zonificación, las expresiones de fuerza y unidad resonaron en toda la provincia la semana pasada. Hubo marchas y movilizaciones en varias comunidades indígenas de la Meseta (entre ellas, Gan Gan, Sierra Colorada, Gastre, Yala Laubat, Paso de Indios y Lago Rosario) así como grandes manifestaciones en Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Esquel, donde los manifestantes gritaron “Sí a la vida, no a la minería” y “¡ La Meseta no es zona de sacrificio! " Estas protestas son solo las más recientes en una larga trayectoria de tomar las calles y el espacio público para decir "NO" a la minería que ha marcado la provincia durante casi dos décadas.
La Comisión solo tiene unos días para revisar ambos proyectos de ley, luego de lo cual decidirá si debatirlos o no y enviar una recomendación a la legislatura general para que tome una decisión final sobre el destino de la minería en la provincia. El último día de funcionamiento de la legislatura es el 10 de diciembre.
El padre Tono, un sacerdote de la Meseta que habló con los periodistas en una marcha en Trelew el lunes, señaló que la legislatura no debería pensar dos veces sobre la decisión en cuestión:
“El Gobierno debe retirar la Zonificación minera, pero no sé si le dará el cuero y la humildad, están tan convencidos y tan comprados que realmente lo tienen que hacer sí o sí. Comprados por el poder del presidente Fernández y por el dinero de la Pan American Silver, es injusto, porque la lucha es muy desigual”
Si tiene éxito, este proyecto de ley beneficiaría a los proyectos de las empresas mineras canadienses Pan American Silver y Yamana Gold en la provincia, pero también marcaría una señal para otros inversores potenciales. En el caso de Pan American Silver, la empresa fue condenada hace apenas un año por presionar a los legisladores para que votaran a favor de la zonificación, y ha venido informando sobre la necesidad de reformar la legislación para poder desarrollar su proyecto Navidad, actualmente suspendido por la ley y la oposición generalizada.
A pesar de la prohibición, Pan American continúa promocionando el proyecto en presentaciones corporativas, lo que sugiere que todavía está en su "cartera" y, por lo tanto, sujeto a inversión y especulación. La empresa también completó una actualización de su borrador de los estudios de impacto y de referencia durante la prohibición. En septiembre, Pan American fue duramente criticada por solicitar una licencia para el uso de agua con fines industriales para el proyecto Navidad. A pesar de haber suspendido el desarrollo de la mina en 2012, la empresa continúa gastando dinero (véase cuadro adjunto). Entre 2013 y 2019, la compañía gastó $30 millones, $6 millones de los cuales tan solo en 2019 (casi duplicando su inversión entre 2018 y 2019). Es importante destacar que a pesar de que la empresa dice que estos 6 millones fueron gastados en “actividades comunitarias” y en "cuidado y mantenimiento" no se tiene más detalle al respecto. Cuando uno revisa los reportes de transparencia ESTMA (Acto de Medidas de Transparencia Para Industrias Extractivas) que la empresa completa (por obligación) para el gobierno de Canadá no aparecen detalles sobre estos 6 millones de dolares, solamente sus pagos para la provicia de Santa Cruz donde esta ubicada la mina Manatiel Espejo, ademas de pagos que se hizo al Gobierno nacional para impuestos y regalias.
MiningWatch seguirá de cerca a la legislatura durante los próximos días. Apoyamos a los más de 30,000 ciudadanos de Chubut que han alzado su voz durante casi dos décadas para proteger su agua de la minería. Empresas mineras canadienses, tomen nota: el futuro de la minería en Chubut es sombrío.
