Declaración Pública
En el marco de la Feria minera de la Asociación de Prospección y Exploración de Canadá (Prospectors and Developers Association of Canadá) a realizarse del 5 a 8 de marzo del 2017 en Toronto, Canadá
Las organizaciones abajo firmantes, con motivo de la organización de la “Feria Minera de Toronto, Canadá” declaramos que:
1. Las presiones ejercidas por empresas mineras, gobiernos nacionales en la mayoría de los países de América Latina y de aquellos de donde provienen las empresas mineras, generan un fuerte rechazo desde las comunidades que ven en la expansión territorial de la minería negativos efectos para sus formas de vida, así como una amenaza a su seguridad ecológica.
Cada nuevo proyecto minero se ve acompañado del rechazo comunitario incrementando así el numero de conflictos mineros en la región. Este antecedente da cuenta del conocimiento que tienen las comunidades de la inconveniencia de aceptar la imposición de modelos de desarrollo extractivos en sus territorios.
2. A pesar de la baja de los precios de minerales en los mercados internacionales, América Latina sigue concentrando la mayoría de las inversiones mineras. Ello a pesar que los beneficios económicos para los paises receptores son cada vez menores o incluso deben en muchos casos subsidiar las actividades mineras extranjeras.
En tiempos de bonanza de los minerales, las sobre-ganancias otorgan a las empresas mineras la capacidad de acceder a los favores de los actores políticos nacionales, en parte por sus aportes aunque magros, en regalias e impuestos. En tiempos de crisis de los minerales, la estrategia es bogar por la flexibilización de los estandares sociales y ambientales y acceder a subsidios estatales mediante exoneración de impuestos y otras obligaciones que toda actividad económica debe cumplir.
3. Vemos con gran preocupación como las actividades extractivas mineras llevan consigo una creciente tendencia a la criminalización de la protesta social con graves atropellos a los DDHH de personas que ejercen liderazgo en la protección de territorios y derechos de las comunidades afectadas.
El número de perseguidos, enjuiciados, encarcelados o muertos por oponerse a la destrucción minera en América Latina crece de forma preocupante, asi como también crece la impunidad con la falta de castigo a quienes son los autores materiales pero principalmente los intelectuales que gozan de completa impunidad.
4. Paises como Brásil, Colombia y Perú en América del Sur y Guatemala, Honduras, Nicaragua en América Central, y por otro lado México, se sitúan en los primeros lugares del listado de países más peligrosos para defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales.
Sin embargo en toda la región vemos que de una u otra forma, mediante la criminalización de la protesta social, se intenta acallar las demandas de las comunidades afectadas por minería que claman por justicia, respeto, equidad, paz y democracia.
5. A pesar de las permanentes solicitudes y demandas de las comunidades hacia los países de donde proceden las empresas transnacionales mineras para que impongan reglas y legislaciones que permitan exigir responsabilidad a sus empresas por los atropellos a los DDHH y destruccion ambiental fuera de sus fonteras, no vemos la voluntad política suficiente, perpetuando así la impunidad de graves crimenes cometidos o con participación de dichas empresas.
En particular, denunciamos la falta de voluntad del gobierno canadiense, país en donde se domicilia y se financia la gran mayoría de las empresas mineras, pues sigue protegiendo y promoviendo este modelo de desarrollo destructivo como enfoque principal de su política exterior. Hace un año, unas 180 organizaciones de América Latina han escrito al Primer Ministro de Canadá exigiendo cambios fundamentales en esta política. Aun no se obtiene respuesta.
Han tenido que ser instancias internacionales tales como la CIDH quienes a falta de justicia han debido intervenir, exigiendo respeto a los derechos de las comunidades, medidas de protección de víctimas, aunque sin los resultados necesarios que permitan proteger efectivamente a quienes defienden sus derechos.
6. Denunciamos este tipo de eventos internacionales, como son las ferias mineras, por promover una actividad extractiva con nefastos resultados para comunidades locales, destruccion de territorios y ecosistemas y especialmente por no hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe en los temas ya mencionados.
7. Consideramos fundamental realizar una profunda revisión a las políticas extractivistas y sus consecuencias de modo de dar mayores oportunidades que pongan el buen vivir en el centro de las opciones de vida de las comunidades latinoamericanas.
8. Seguiremos trabajando junto a las comunidades afectadas para terminar con la impunidad de las empresas mineras que violan los derechos humanos y de la naturaleza. Mientras continúen las prácticas de destrucción para la obtención de minerales, la resistencia será la más contundente respuesta desde los territorios afectados en América Latina.
Firmado:
- Acción Ecológica, Ecuador
- Asamblea de los Pueblos del Sur, Ecuador
- CEIBA Guatemala
- Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), El Salvador
- Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
- Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Honduras
- Colectivo CASA, Bolivia
- Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panama
- Cooperacción, Perú
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
- Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina (OLCA), Chile
- Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional
- Oficina de Justicia Paz e Integridad de la Creación, Sociedad Misionera de San Columbano, Chile
- Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén, Perú
- Red Muqui, Perú
- Uruguay Libre de Minería