Gobiernos y corporaciones mineras, en su mayoría canadienses y australianas en los casos documentados, están posicionando la minería como una actividad clave e indispensable para resolver la crisis ambiental impulsando su expansión a territorios cultural y ecológicamente frágiles. Este "boom" de la "minería verde" está afectando cada vez más los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades. Las comunidades de base, expertxs, académicxs y activistas afirman que una transición energética que dependa en gran medida de la extracción de nuevos materiales sin que se planteen preguntas clave como energía para qué, para quién y a qué coste socio-ambiental no hará sino reforzar las injusticias y la insostenibilidad que han agravado la crisis climática en la cual nos encontramos a nivel mundial.

La “transición energética” promovida por el capitalismo es evidencia de “una nueva retórica que pondera el discurso“ que, en sí mismo, no representa un cambio de rumbo significativo de lo que actualmente ya define para el mundo su relación inseparable con el modelo extractivo minero. El ejemplo del litio en México es un caso ilustrativo.

El proyecto de expansión Quebrada Blanca Fase II (QBF2) pretende ser una de las minas más grandes de Chile y dentro de los mayores 20 productores de cobre a nivel mundial. Se establecerá el proyecto expansión sobre el tajo existente, en la region de Tarapacá - region saturada por minas industriales de gran escala. Ya agotadas las aguas subterráneas gracias a la misma operación minera, QBF2 construirá una planta desalinizadora en el Bayo de Patache y transportará el agua 159 km por acueducto, subiendo a 4400 m de altura. Se identifican potenciales impactos serios incluyendo a: pérdida de humedales, pérdida de flora y fauna en peligro, pérdida de patrimonio cultural de las comunidades indígenas Aymara y Quechua además de impactos a los usos tradicionales de la tierra de los pueblos indígenas, impactos al sistema hidrológico y impactos a la salud de los trabajadores.

Este documento, publicado conjuntamente por Earthworks (EEUU) y MiningWatch Canada, describe los lineaminetos de seguridad, respeto hacia las cominidades afectadas, y la responsabilidad empresarial que deben ser incorporadas en cualquier estándard o reglamento de relaves mineros. Favor ver esta página para materiales relacionadas: mapas, resúmenes, e infográficas además del comunicado mediatico.

Este informe proporciona casos en profundidad para ejemplificar las cuatro tendencias destacadas en la carta abierta internacional "Solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores: en riesgo por la industria minera que busca aprovecharse de la pandemia". Estas tendencias representan una amenaza inmediata para la salud y la seguridad de las comunidades y organizaciones que han estado luchando para defender la salud pública y sus entornos contra la destrucción y devastación del extractivismo minero durante décadas, así como para la seguridad de los trabajadores en el sector minero.

Este informe examina la manera en que empresas mineras interponen demandas multimillonarias en contra de países de América Latina cuando sus cortes toman decisiones, y cuando implementan políticas públicas o medidas gubernamentales - particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería - que afectan sus inversiones. El informe demuestra como el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las empresas mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor. La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley.  

Ésta es una guía para la resistencia contra la explotación minera y otras operaciones extractivas. Proporciona a estrategias y a tácticas para prevenir la extracción, y para reducir daño si la extracción está ya en curso. Orienta a dirigentes de la comunidad en la ordenación y tomar de medidas localmente, regionalmente, nacionalmente, e internacionalmente, para resistir el asalto devastador de operaciones extractivas. Esto es una versión ampliada, en dos volúmenes, de la primera edición publicada en 2009.

Este informe documenta las actividades actuales de la Fundación El Dorado, establecida originalmente por Pacific Rim Mining en El Salvador en 2005, y continuada en la actualidad por su sucesora, OceanaGold. Ambas compañías han buscado desarrollar un polémico proyecto de minería de oro en el Departamento de Cabañas, al noroeste de El Salvador, actualmente suspendido en la fase de exploración.